Dirección del Trabajo interviene departamento desde donde emanó polémico pronunciamiento por teletrabajo

Siguen los coletazos tras el polémico pronunciamiento de la Dirección del Trabajo (DT) -conocido técnicamente como ordinario Nº 1163- sobre la combinación de trabajo presencial y teletrabajo, en el cual el servicio calificó como “ilegal todo acuerdo de combinación de tiempos de trabajo presencial con tiempos de teletrabajo en el transcurso de una misma semana, así como, no resulta conforme a derecho que sea el empleador el que decida, incluso dentro del mismo día, que modalidad de trabajo se aplicará al trabajador”.

Y si bien el organismo salió a clarificar el alcance del texto firmado por Natalia Pozo, jefa (s) del Departamento Jurídico de la DT a través de una declaración de prensa, recalcando que lo que no es posible es combinar en una misma semana teletrabajo sin limitación de jornada y trabajo presencial con límite de jornada (es decir, con horarios establecidos), las críticas por parte de los actores laborales no han parado.

Y, en medio de la espera de la publicación del nuevo pronunciamiento sobre la materia que comprometió el director de la entidad, Pablo Zenteno, ayer en la tarde la DT realizó unos cambios internos en el equipo que compone el departamento a cargo de éstos documentos. Aunque se desconoce si esta modificación fue incidida por esta situación.

En concreto, se trata de la abogada Loreto Barrera, quien ayer fue removida de la jefatura de la Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho, instancia dependiente del Departamento Jurídico a cargo de Pozo. 

Según detalla la resolución de término de asignación de la DT, a la cual tuvo acceso Diario Financiero, durante 2015 y 2016 a Barrera se le asignaron funciones de jefa de la Unidad de Dictámenes y funciones de subjefa del Departamento Jurídico y Fiscalía del servicio, pero la estructura de la entidad no contemplaría la existencia de estos cargos.

“A partir de la entrada en vigor de la Resolución Exenta N°204 de 2023 (...) la función de subjefatura no fue contemplada en la estructura funcional del Departamento Juridico y Fiscalía, actual Departamento Juridico”, dice el texto.

Con respecto a la designación de funciones de Barrera como jefa de la Unidad de Dictámenes, el documento precisa que dicha designación obedece “solo a una encomendación funcional de tareas que busca dar continuidad de funcionamiento a la labores inherentes del departamento al cual sirve, no constituyendo por tanto cargo alguno”.

Considerando estos hechos, el servicio dio término a la asignación de Barrera como jefa de la Unidad de Dictámenes y subjefa del Departamento Jurídico, y la destinó “a cumplir funciones de abogada en la Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho, del Departamento Jurídico”.

Con respecto a Natalia Pozo, que es quien firmó el ordinario cuestionado, se desconoce las acciones que tomará la entidad. Con todo, a la fecha, la funcionaria se encuentra de vacaciones.

Si bien la resolución de término de asignación de Barrera no hace mención a la polémica por el ordinario Nº 1163, al interior del servicio hay sectores que creen que sí tiene relación, pero son solo comentarios de pasillo hasta el momento.

El precedente

Barrera es una funcionaria con trayectoria en la DT. De hecho, el próximo 1 de octubre cumplirá 17 años en la institución.

A inicios de 2019, Barrera hizo noticia por interponer un recurso de protección en contra del exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza, por removerla de los mismos cargos.

“El director sr. Peñaloza Cifuentes decidió de manera ilegal y arbitraria removerme de mis cargos como Jefa de Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho y Subjefa del Departamento Jurídico; al dejar sin efecto mi designación en dichos cargos, asimilándome en un grado inferior sin contar con una resolución que me asigne funciones que justifiquen dicho nivel remuneratorio, sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos”, decía el texto ingresado a la Corte de Apelaciones.

El caso escaló a la Corte Suprema, y esta instancia respaldó a Barrera e instruyó al servicio a reintegrarla a sus cargos y a pagarle las remuneraciones correspondientes.